La Suprema Corte de Justicia de Mendoza – Argentina (SCJMza) dio a conocer el día 24 de diciembre de 2015 la sentencia dictada en «Habeas Corpus Correctivo y Colectivo (Penitenciaría de Mendoza)”. En ella, la SCJMza ordenó a sus fiscales y jueces de garantías que en el plazo de sesenta días se regularice la situación procesal de las personas detenidas sin orden de juez competente, entre otras medidas que tienden a dotar de mayores garantías y celeridad al debido proceso penal. El caso ha generado diversos pronunciamientos y discusiones. Al respecto, el CLADH ofrece el siguiente comunicado.

 

1.- La situación de las cárceles de la provincia es insostenible, viola de manera sistemática y permanente los derechos humanos e incide de manera negativa en la seguridad de la provincia. Los niveles de hacinamiento, falta de atención de la salud y violación de las garantías procesales son inadmisibles. El CLADH ha trabajado en este punto defendiendo los derechos de las personas privadas de libertad al voto, integrando el Comité Provincial contra la Tortura, y presentando denuncias internacionales por la situación de las mujeres detenidas con hijos menores de 5 años.

2.- La situación de inseguridad en la provincia también es violatoria de los derechos humanos de los ciudadanos. El derecho a la vida de las personas asesinadas, los derechos de las víctimas de la inseguridad, las agresiones sexuales y un largo etcétera exigen de todos los organismos del Estado la efectiva adopción de medidas para prevenir la vulneración de derechos vinculados a la seguridad ciudadana. Sin embargo, las políticas sobre seguridad ciudadana deben ser evaluadas no solo desde su efectividad sino también desde la perspectiva del respeto y garantía de los derechos humanos.

3.- Pensar que convirtiendo las cárceles en depósitos (in)humanos se solucionará el problema de la inseguridad es erróneo. Al contrario, como dice nuestra Constitución Nacional, las cárceles deben ser sanas y limpias para asegurar el respeto de los derechos humanos fundamentales de los detenidos y que las mismas no se conviertan en factores determinantes en el incremento de los índices de inseguridad.

4.- Dicho esto, quien procura la solución de problemas estructurales que afectan los derechos humanos debe tener en cuenta que solo una acción coordinada de los distintos organismos del Estado podrá llegar a resultados exitosos. Una política del ejecutivo que no cuente con una asignación presupuestaria suficiente dada por la legislatura; una ley que no sea aplicada de manera correcta por poder ejecutivo o el judicial; o una sentencia estructural que no tome en consideración las posibilidades o alcances de quien ejecuta, no tendrán todos los resultados positivos deseados.

5.- En este sentido, es preciso fortalecer el diálogo interinstitucional, que busque acuerdos posibles. Los problemas complejos son, por definición, de difícil solución y, por ello, se requieren los mayores entendimientos entre las partes involucradas para lograr un cambio estructural sustentable.

6.- El CLADH entiende que debe dejarse de lado la posición que toma el problema de las cárceles y la inseguridad como un juego de suma cero, en el que una parte necesariamente gana y la otra necesariamente pierde. Mejor seguridad implica mejores cárceles, mejores condiciones de los detenidos y un proceso penal ajustado a los derechos humanos. Llegar a esto requiere acuerdos sostenidos en el tiempo y diálogo institucional.

7.- El CLADH considera indispensable ampliar la mesa de diálogo propuesta (en el punto 14 de la parte resolutiva) convocando a todos los referentes de sectores comprometidos con la seguridad de la provincia, invitando a realizar aportes tendientes a efectivizar los mandatos convencionales y constitucionales, a generar el necesario consenso social, jurídico y político, así como también, el necesario compromiso de toda la sociedad para su efectivo cumplimiento.

Los Derechos Humanos son un compromiso de todos.

Mendoza, 30 de diciembre de 2015.

 

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