El Centro Latinoamericano de Derechos Humanos promovió este litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando la violación, por parte del Estado Argentino, de numerosos derechos humanos de los cuales resultó víctima la entonces jueza Mirta Carmen Torres Nieto.

A causa de supuestas irregularidades en el ejercicio de su función como magistrada -nunca comprobadas fehacientemente- la Dra. Torres Nieto  fue destituida de su cargo y a lo largo de dicho proceso de destitución, tanto el Consejo de la Magistratura de la Nación Argentina, como el Jurado (o Jury) de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, desconocieron principios básicos del debido proceso tales como el derecho de defensa, el principio de inocencia y la independencia e imparcialidad del tribunal, todo lo cual se vio finalmente agravado por la denegación de justicia sufrida frente al rechazo del recurso interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Las razones que explican tales violaciones se deben, en primer lugar, a intereses meramente políticos, totalmente ajenos a aquellas razones que deben motivar cualquier destitución de magistrados judiciales, configurando no sólo un perjuicio para la víctima, sino también un ataque gravísimo a la independencia judicial en la República Argentina; puesto que sienta un precedente por demás peligroso: la posibilidad de destituir a cualquier juez que no agrade al poder de turno, bajo un manto de apariencia constitucional.

En este sentido, la Carta Democrática Interamericana ha establecido que “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos” (artículo 3).

El CLADH ha acudido ante la CIDH con el objetivo de garantizar la reparación integral de la víctima Torres Nieto, y evitar asimismo que se consolide un grave daño al sistema democrático de derecho.

 

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