Argentina ha asumido el compromiso de respetar y garantizar los derechos reconocidos en numerosos instrumentos internacionales, entre ellos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Este compromiso, implica el deber general del Estado de  investigar las violaciones de los derechos humanos y sancionar a sus responsables, y el deber particular de las autoridades judiciales de promover las investigaciones de acuerdo con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.

Esto significa que el Estado Argentino debe llevar llevar adelante toda investigación en forma oficiosa, seria, efectiva, imparcial, completa, sin dilaciones injustificadas, con la debida diligencia y pleno respeto del debido proceso y de las garantías judiciales, en un plazo razonable, y siempre orientadas a la satisfacción de los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas.

En este caso particular, ninguno de estos objetivos fue cumplido. El Sr. Jorge Luis Bonetto murió en noviembre de 1999, y este hecho nunca fue esclarecido. La causa judicial fue archivada en diciembre de 2000 después de una pobre investigación judicial y una ineficiente actuación policial, dejando al padre de la víctima sin la posibilidad de acceder a un recurso judicial efectivo.

Ante este claro supuesto de denegación de justicia, el CLADH promovió una denuncia individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en vistas a lograr una reparación integral para la víctima, y el esclarecimiento de lo hechos mediante una investigación seria y profunda.

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado -en el Caso masacre de Mapiripán vs. Colombia (Sentencia de 15 de septiembre de 2005)- que la impunidad, –esto es, la ausencia de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los autores de violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario-, constituye en sí misma una violación de los derechos humanos, porque ella “propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos”.

 

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