Por Cintia Bayardi Martínez.

 

A menudo se escucha decir que en la política, en el Estado, o bien en el gobierno existe mucha corrupción. Resulta interesante preguntarse ¿por qué pasa esto? o bien, ¿por qué se permite que pase esto?  Si nuestro sistema funcionara como debiera, no habría lugar para la corrupción, no solo porque nadie se vería tentado de tomar lo que no es suyo, sino principalmente, porque no podría.

En el diseño constitucional de los sistemas democráticos contemporáneos, la división de poderes constituye uno de los pilares fundamentales para el ejercicio del control del poder. El otro pilar está constituido por los derechos fundamentales que garantizan el margen de acción propia de los ciudadanos, en particular, los derechos civiles y políticos en general y el derecho al voto en particular, clara expresión de la democracia participativa.

Sin embargo dicho control no siempre resulta suficiente y se torna necesario acudir a otras herramientas de participación y control. Entre ellas, el libre acceso a la información pública.

Esta herramienta permite a los ciudadanos distinguir y juzgar crítica y fundadamente las políticas públicas, sobre la base del acceso a la información básica requerida a los entes estatales. Así, un sistema eficaz supone que el ciudadano esté en condiciones de hacer un juicio fundamentado sobre la acción del Estado, y de lo que de ella dicen los medios de comunicación y los demás ciudadanos.

La eficiencia de la participación ciudadana está condicionada directamente a la información con que se cuenta. La desinformación y la información inexacta o inoportuna afectan sustancialmente la calidad de participación pública.

Pero la sola existencia de herramientas para la participación y el control ciudadano no es suficiente. Es necesario que el ciudadano pueda acceder a la información que le permita elegir el instrumento más adecuado para la problemática que lo afecta o preocupa. Es por ello que las democracias más modernas han institucionalizado mecanismos relacionados con las formas específicas de acceso a la información.

El derecho fundamental de acceso a la información constituye hoy una de las condiciones necesarias para el funcionamiento adecuado de los sistemas democráticos, situación que ha sido recogida por el derecho, al considerar que la libertad de información es parte esencial de los derechos fundamentales.[1]

Sin embargo, el concepto de derecho de acceso a la información pública, tiene escaso desarrollo doctrinal, sobre todo en nuestro país.[2] El mismo recién ha comenzado a discutirse en los últimos años. Tampoco ha adquirido un perfil definitivo en la jurisprudencia, por lo que la justificación y los alcances del mismo están en plena elaboración.

Resulta de suma trascendencia que la sociedad toda reflexione sobre la importancia  de participar como ciudadanos para mejorar lo que a todos atañe: las instituciones, la democracia y el país. Por ello, resulta también imperioso saber con qué herramientas se cuenta y  cómo pueden ser éstas utilizadas en beneficio de todos. Aquí es donde el derecho al libre acceso a la información pública aparece no sólo una de las más importantes, sino una de las primeras herramientas con la que se debe contar.

 

 

 

 



[1] Basterra, Marcela “Alcance de la legitimación, pasiva y activa, en un caso de acceso a la información pública en el ámbito municipal”

[2] Puede verse Abramovich, Víctor y Courtis, Chistian, “El acceso a la información como derecho” publicación realizada por “Abogados Voluntarios”, véase la página web: www.abogadosvoluntarios.net.

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