El CLADH denuncia persecución a Villavicencio e insta al Gobierno de Ecuador a respetar sus obligaciones internacionales en materia de DDHH

Washington D.C. (26 de septiembre de 2017) — El Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) – en el marco de una solicitud de medidas cautelares – la interminable persecución contra Fernando Villavicencio perpetrada por el Gobierno de Ecuador y los recientes operativos desplegados por agentes de la SENAIN – Servicio de Inteligencia de Ecuador – tendientes a efectivizar la orden de prisión preventiva que pesa sobre él. La medida privativa de libertad dictada dentro del proceso penal seguido en su contra por divulgación de información reservada de funcionarios del Gobierno, coarta gravemente el derecho a la libertad de expresión de Fernando Villavicencio.

El pasado 18 de septiembre, Villavicencio se vio obligado a regresar a Ecuador tras permanecer más de ocho meses asilado en el Perú. Su permanencia en el vecino país se tornaba cada vez más peligrosa. Su vida e integridad física se encontraban en riesgo. Empresarios vinculados a la intermediación petrolera habían comenzado a perseguirlo y acosarlo para evitar que continuara denunciando escándalos de corrupción petrolera que los involucraba.

Al regresar, brindó una rueda de prensa en el Colegio de Abogados de Pichincha, junto con Ramiro García, Presidente del Colegio. Allí el periodista denunció irregularidades cometidas por el Gobierno de Rafael Correa en la negociación con la empresa petrolera Petrochina, y anunció que presentaría una denuncia formal ante el Fiscal General, Carlos Baca Mancheno, quien luego advirtió: “Tengo conocimiento, por los medios de comunicación, que el señor se ha presentado a dar una rueda de prensa como un ciudadano que no tiene una orden de detención. Yo me supongo que hay que tomar las medidas necesarias para que la orden de la justicia se cumpla”.

Luego de denunciar una de las tramas de corrupción más grandes de la historia de Ecuador, agentes de la SENAIN se apersonaron en la entrada de su vivienda familiar montando un operativo de vigilancia. Horas más tarde, patrulleros de la Policía Nacional sitiaron el edificio en donde vive Fernando con su esposa y sus dos hijos menores, bloqueando el tránsito y el acceso de personas, incluidas quienes residen en dicho edificio. Los agentes policiales comenzaron a requisar a todas las personas que circulaban por las inmediaciones y los autos que salían del edificio. En poco menos de dos horas más de 20 autos sin placa del Estado rodeaban y vigilaban la vivienda familiar. Ésta situación ha persistido hasta el día de la fecha.

“La magnitud del operativo desplegado, y la presencia de agentes del Servicio de Inteligencia de Ecuador evidencian que la maniobra no tiene sólo por finalidad hacer efectiva una orden de prisión preventiva dictada en un proceso ilegal y arbitrario. Los hechos descriptos revelan la persecución seguida contra Fernando y tienen como propósito intimidarlo y hostigarlo para silenciar su libertad de expresión y evitar que continúe denunciando casos de corrupción”, expresó Verónica Saraúz, esposa de Fernando Villavicencio.

Por su parte, Ignacio Boulin, Presidente del CLADH sostuvo: “La tarea periodística de Villavicencio bajo ningún concepto puede constituir un delito. El ejercicio legítimo de la libertad de expresión para difundir información de interés público es una conducta que en ningún caso puede ser criminalizada. Todo lo contrario, es un derecho y como tal merece absoluta protección jurídica, y así ocurre dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y dentro de todo el Derecho comparado, internacional y doméstico relativo a la libertad de expresión”.

La solicitud presentada requiere la intervención del organismo internacional a fin de evitar daños graves e irreparables a los derechos humanos de Villavicencio y su familia. Las medidas de protección son requeridas con carácter urgente. La vida, integridad y la libertad de expresión de Fernando Villavicencio se encuentran en riesgo.

Si la Comisión no adopta estas medidas cautelares, la prisión preventiva ordenada contra Fernando Villavicencio lesionará su derecho a la libertad de expresión y provocará irrefutablemente un efecto intimidatorio para toda persona que investigue, publique o difunda información de interés público que ataña directamente a funcionarios del estado, agudizando el marco intimidatorio – ya existente – en contra de otros periodistas y de cualquier persona que quiera denunciar situaciones como la del presente caso.

Ya van más de seis años de persecución a él y a su familia, dos años en la clandestinidad y casi un año en el exilio. Innumerables ataques desde el poder público, órdenes de prisión, amenazas permanentes, descalificaciones, seguimientos por parte de la policía y el SENAIN. Es necesario un pronunciamiento de la Comisión que frente los abusos del Estado.

En este contexto, el CLADH junto con HRF, el IPYS y el Colegio de Abogados de Pichincha suscribieron una carta dirigida al Presidente de Ecuador, Lenin Moreno, instando a su Gobierno a cumplir con sus obligaciones jurídicas internacionales en materia de Derechos Humanos. 

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