“The Road to Pratolino”, es un foro de discusión on-line que informará las estrategias que se formularán en la Consulta de Pratolino IV, la cual se celebrará del 21 al 24 de febrero 2012 en Italia.

Entre los temas centrales sugeridos por UNICEF para el debate se encuentran:

1.       Una recuperación para todos: Convertir la crisis en oportunidad para los niños

La crisis es una oportunidad para evitar volver a las condiciones anteriores a la misma, que negaban a muchos la posibilidad de una vida digna. Las decisiones políticas que hoy sean adoptadas, determinará si los niños estarán condenados a una vida de potencial perdido o a una vida plena. Este tema se basa en trabajos recientes de la política del UNICEF que busca ayudar a los países en su cumplimiento con las obligaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, a través de una sólida recuperación económica y social, dando prioridad a los niños y a la construcción de sistemas de protección social.

2.       El mundo que queremos: promover un desarrollo equitativo y sostenible para los niños.

Un enfoque integrado de los cambios y efectos distributivos de las políticas de desarrollo y de urbanización, de sostenibilidad del medio ambiente (incluida la economía verde), y de crecimiento y generación de empleo, es el trabajo mediante el cual se puede garantizar la equidad, el desarrollo humano sostenible e inclusivo. Los niños deben estar en el centro de la agenda global del desarrollo humano sostenible.

3.       Volver a centrarse en la importancia de la equidad de los niños en países de ingresos medios

Las desigualdades son muy frecuentes en los países de ingresos medios, cuyo número ha aumentado significativamente en las últimas dos décadas. Los datos muestran que la mayoría de los niños pobres y desnutridos viven en estos países, al mismo tiempo que son estos mismo países los que tienen más recursos internos para hacer frente a dichos retos. Es por ello que grandes logros se pueden lograr mediante una estrecha colaboración con los gobiernos para adoptar políticas progresistas y de redistribución, a través del análisis de políticas de promoción y alianzas estratégicas.

A través de este “paper”, el CLADH pretende colaborar en la búsqueda de soluciones y respuestas a los grandes desafíos que enfrentan los niños y niñas en la actualidad, y en particular, a la problemática de la desnutrición infantil.

CLADH Policy Statement on Children Poverty and Rights

En dicho informe la Comisión expresó nuevamente su preocupación ante las discriminaciones que aún se comenten contra las mujeres en los países americanos, siendo las principales víctimas aquellas mujeres de bajos recursos.

La Comisión expresó, en su comunicado de prensa, que “la discriminación contra las mujeres se sigue reflejando en el mercado de trabajo, en su acceso limitado a la seguridad social, en las altas tasas de analfabetismo de mujeres y niñas en comparación con los hombres, en la grave situación de pobreza y exclusión social que las afecta, y en las reducidas oportunidades de participación existentes para mujeres indígenas y afrodescendientes, entre otros temas”.

En este informe, la CIDH hace hincapié en tres ámbitos particulares donde se manifiestan diversas formas de discriminación contra la mujer en el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales: (i) el trabajo, (ii) la educación; y (iii) las esferas relacionadas a su acceso y control de recursos económicos.

El CLADH felicita este nuevo compromiso por la eliminación de toda discriminación contra la mujer, y se suma al trabajo incansable por la garantía de los derechos humanos.

Ver informe.

Una vida libre de violencia constituye un derecho fundamental para la democracia.

Las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal Reyes, fueron secuestradas en Santo Domingo el día 25 de noviembre de 1960 por la dictadura de Trujillo. Fueron torturadas, violadas y asesinadas por su lucha contra ese régimen.

En 1981 se declaró, en homenaje a estas hermanas, el Día de la No Violencia contra la Mujer.

Por eso el CLADH, recogiendo las mejores tradiciones de lucha por defender los derechos de las mujeres y las niñas, llama a todas las organizaciones sociales y políticas, y a todas las personas, mujeres y varones, que también sufren cuando las mujeres y las niñas son víctimas de violencia, a unir fuerzas para condenar activamente cualquier forma de discriminación y de violencia contra las mujeres.

El abogado Ignacio de Casas -presidente de la institución- expone ante el Grupo de Trabajo Especial las propuestas del CLADH.

El 28 de octubre de 2011, el CLADH participó en el del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión Sobre el Funcionamiento de la CIDH para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dentro del marco del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington D.C.

El CLADH presentó por escrito sus propuestas, las cuales se centraron en la necesidad de modificar el mecanismo de selección de los miembros del staff permanente de la Comisión, en la importancia de conocer las razones que motivan a la Comisión a elevar un caso ante la Corte IDH -o bien a denegarlo-, y puntualizó finalmente la trascendencia que tienen las soluciones amistosas como forma de resolver los conflictos de forma efectiva, y la necesidad de mejorar dicho sistema, dando sugerencias concretas en este sentido.

En los siguientes links se puede acceder a las propuestas presentadas por el CLADH, al video de la reunión y a los documentos elaborados por el Grupo de Trabajo donde se compilaron las recomendaciones efectuadas por organismos de la sociedad civil, como asimismo las presentaciones de los Estados Miembros.

El CLADH saluda la iniciativa de la OEA de escuchar a los miembros de la sociedad civil, como muestra del compromiso por el mejoramiento del sistema interamericano de derechos humanos.

Propuestas CLADH para fortalecimiento del SIDH

Video de las exposiciones presentadas ante el Grupo de Trabajo

Compilacion de Recomendaciones de OSC – Grupo de Trabajo SIDH

Compilación Presentaciones de los Estados Miembros – Grupo de Trabajo SIDH 

En respuesta al recurso de apelación interpuesto por el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH) ante la Cámara Nacional Electoral -contra la resolución del Juez Federal de Primera instancia que se había declarado incompetente para resolver sobre el amparo interpuesto- la Cámara consideró procedente la petición y encomendó a la Secretaría de Actuación Electoral la adopción de las medidas necesarias para garantizar la emisión del voto de los ciudadanos detenidos en prisión preventiva, el próximo 23 de octubre.

El fallo hizo mención en sus considerandos a la sentencia de la Junta Electoral de la Provincia de Mendoza, que en junio de 2009 – y también a instancias del amparo colectivo presentado por el CLADH- expresó que si bien la vía intentada no era procedente –ya que consideró que la justicia federal debía entender dada la simultaneidad de elecciones nacionales y provinciales- y que había escaso tiempo para el efectivo cumplimiento del derecho, reconoció el derecho de los detenidos no condenados en prisión preventiva a ejercer su derecho político al voto. Asimismo, en dicha oportunidad la Junta Electoral instó al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo a “adoptar las  medidas necesarias para hacer efectivo el derecho a votar de los detenidos no condenados en el próximo proceso electoral.” Transcurridos más de dos años desde aquel pronunciamiento ni el Legislativo ni el Ejecutivo han hecho nada al respecto.

La Cámara Nacional también se hizo eco del precedente “Mignone” de la Corte Suprema de la Nación, que tuvo como consecuencia la modificación de Código Electoral Nacional, y el reconocimiento del derecho al voto a los ciudadanos con prisión preventiva. Sin embargo, este precedente sólo contempla la posibilidad de que se voten autoridades nacionales, no así provinciales o locales, las cuales quedan sujetas a la reglamentación correspondiente.

Sin perjuicio de ello, la Cámara Nacional Electoral dispuso que “aún en ausencia de regulación local (…) corresponde colaborar con la adopción de las medidas necesarias dirigidas a hacer efectivo este derecho”, resolviendo que los ciudadanos detenidos en prisión preventiva con último domicilio en la Provincia de Mendoza podrán votar para la categoría de gobernador en las próximas elecciones, aunque no para las demás autoridades provinciales (legisladores) o municipales, “por imposibilidad material de organizar una elección de esa naturaleza por subdivisiones electorales, en ausencia de la pertinente reglamentación”.

El presidente del CLADH, el abogado Ignacio de Casas, sostuvo: “Es de público conocimiento que la Provincia se encuentra bajo el escrutinio de los mecanismos de aplicación del Pacto de San José: la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. Y varios de los establecimientos carcelarios de Mendoza son objetos de medidas provisionales ordenadas por esta última. Sin embargo, los avances son poco claros, y las autoridades provinciales no progresan en el cumplimiento de sus obligaciones de mejora de las condiciones de detención de procesados y condenados. Si algo tenemos claro de nuestra defectuosa democracia es que los políticos se mueven con fines electoralistas, haciendo obras y mejoras de elección en elección. Bueno, pues, démosle voto a los sin voz, para que al menos así los políticos se preocupen un poco más de su dignidad de personas”.

Así, la prensa se hizo eco del triunfo judicial obtenido por el CLADH, que permitió a un importante número de ciudadanos el ejercicio de este derecho esencial, que hace a la garantía de todo sistema democrático.

El diario Los Andes en su edición impresa del 23 de octubre de 2011, calificó de “histórica” la jornada  ”en la que los presos de Mendoza sin condena [pudieron] votar (…) tras un fallo de la Cámara Nacional Electoral en respuesta al pedido de la ONG Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH)”.

Por su parte, el Diario Uno en su edición del 20 de octubre de 2011, adelantaba que “[e]n la cárcel, este domingo los presos sin condena votarán por primera vez a gobernador y vice de Mendoza [tras] un reciente recurso judicial presentado por la ONG mendocina cuyo referente principal es el penalista Ignacio De Casas.”

A continuación, los enlances de las distintas coberturas periodísticas.

Diario Uno (edición impresa) 20/10/2011

Diario Uno (on line) 20/10/2011

Diario Los Andes, 21/10/2011

Diario Los Andes, 23/10/2011

Diario El Sol (on line) 20/10/2011

Entrevista en Radio UTN (audio)

I) En el año 2009 el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH) interpuso una acción de amparo electoral colectiva ante la Junta Electoral, a los fines de que ésta dispusiera todos los medios necesarios para que en las elecciones del 28 de junio de ese mismo año, las personas que se encontraran en prisión preventiva en las cárceles de Mendoza pudieran elegir, no sólo a los cargos nacionales, sino también a los provinciales y municipales cuando corresponda.

El objetivo era garantizar que el derecho al sufragio igual y universal, y el derecho a la igualdad y no discriminación no se vieran violados, a causa de una omisión del Estado.

La Junta Electoral de Mendoza dictó sentencia el 23 de junio de 2009, entendiendo que carecía de competencia para resolver sobre el fondo por tratarse de elecciones nacionales y provinciales conjuntas, siendo por tanto, competencia de la justicia federal. Sin perjuicio de ello, reconoció el derecho de los detenidos no condenados en prisión preventiva a ejercer su derecho político al voto, y exhortó al  Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho reclamado, antes de la próxima elección.

Sentencia Junta Electoral

II) En el año 2011, el CLADH promovió nuevamente un amparo electoral colectivo a los fines de garantizar el derecho al voto de los procesados sin condena.

Durante dos años el Estado hizo oídos sordos a las recomendaciones efectuadas por la Junta Electoral en el año 2009, y a los proyectos de ley presentados por el CLADH ante la legislatura provincial. Esta inactividad estatal obligó a recurrir nuevamente a una herramienta judicial a los fines de garantizar el acceso efectivo a este derecho.

En esta ocasión, la Cámara Nacional Electoral consideró procedente la petición y encomendó a la Secretaría de Actuación Electoral la adopción de las medidas necesarias para garantizar la emisión del voto de los ciudadanos detenidos en prisión preventiva, en las elecciones del 23 de octubre de 2011.

Para estos comicios se habilitaron dos mesas en el complejo Boulogne Sur Mer, una mesa en San Felipe, una mesa en El Borbollón, y una en el penal de San Rafael. De este modo, Mendoza vivió una jornada histórica al permitir, por primera vez, que cerca de 200 presos votaran a los candidatos a gobernador de la provincia, ejerciendo plenamente su derecho al sufragio electoral.

Sentencia Cámara Nacional Electoral

Diario Los Andes 23/10/2011

Diario Los Andes 21/10/2011

Diario Uno (online) 20/10 /2011

Radio UTN. Entrevista a Ignacio de Casas. 

A través de estos cursos, el CLADH persigue la formación de profesionales interesados en la promoción de los derechos humanos, combinando el vasto conocimiento que posee en esta materia con la gran experiencia de sus miembros en litigio y asesoramiento.

Seminario de Litigio Estratégico en Derechos Humanos

En noviembre de 2010 el CLADH presentó su primera edición del Seminario Anual de Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

Asistieron al mismo abogados de distintas provincias de Argentina, y estudiantes de abogacía que realizan pasantías en la institución.

Esta actividad busca crear un ámbito que permita a los asistentes capacitarse en materia de derechos humanos y establecer contactos con distintos referentes nacionales, enriqueciéndose con sus experiencias.

Los temas abordados en esta primera edición fueron:

• Ambiente y Derechos Humanos
• Litigio y Activismo en Derechos Humanos
• Sistema Procesal Constitucional Argentino
• Cómo usar los mass media en campañas de derechos humanos
• Estrategias de trabajo en temas conflictivos
• Sistemas Internacionales de Protección de los Derechos Humanos

El Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, conjuntamente con la Universidad de los Andes –Santiago de Chile-, organizó una conferencia titulada “Rol de la CIDH en la protección de los derechos fundamentales”, la cual se llevó a cabo en agosto de 2009, en la sede de dicha Universidad.

La misma fue dictada por el entonces presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el abogado Paolo Carozza.

Paolo Carozza fue miembro de la CIDH en los años 2006 a 2010, y presidente de la misma en 2008-2009. Actualmente, es Director del Programa en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la School of Law, en la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Este compromiso, implica el deber general del Estado de  investigar las violaciones de los derechos humanos y sancionar a sus responsables, y el deber particular de las autoridades judiciales de promover las investigaciones de acuerdo con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.

Esto significa que el Estado Argentino debe llevar llevar adelante toda investigación en forma oficiosa, seria, efectiva, imparcial, completa, sin dilaciones injustificadas, con la debida diligencia y pleno respeto del debido proceso y de las garantías judiciales, en un plazo razonable, y siempre orientadas a la satisfacción de los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas.

En este caso particular, ninguno de estos objetivos fue cumplido. El Sr. Jorge Luis Bonetto murió en noviembre de 1999, y este hecho nunca fue esclarecido. La causa judicial fue archivada en diciembre de 2000 después de una pobre investigación judicial y una ineficiente actuación policial, dejando al padre de la víctima sin la posibilidad de acceder a un recurso judicial efectivo.

Ante este claro supuesto de denegación de justicia, el CLADH promovió una denuncia individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en vistas a lograr una reparación integral para la víctima, y el esclarecimiento de lo hechos mediante una investigación seria y profunda.

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado -en el Caso masacre de Mapiripán vs. Colombia (Sentencia de 15 de septiembre de 2005)- que la impunidad, –esto es, la ausencia de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los autores de violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario-, constituye en sí misma una violación de los derechos humanos, porque ella “propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos”.