Por Cintia M. Bayardi Martínez[1]

La pobreza en Argentina no es un tema de estadísticas: es una cuestión de personas concretas, de sufrimiento, limitaciones y dolores. La pobreza no es solo económica porque la exclusión se vive en todo: en la plaza, en la escuela, en las palabras, en la ropa, en el corazón. Por todo esto, la pobreza es inconmensurable, no se puede medir. En cierto sentido, un solo ser humano que sufre nos enfrenta ante un dolor infinito.

Sin embargo, para hacernos cargo de las dimensiones del problema y proyectar políticas sociales necesitamos estadísticas, modos de medirla que nos ayuden a combatir la miseria. La gravedad del tema ha llevado a un gran debate sobre cuál es el mejor modo de realizar esta tarea. Y en consecuencia, dicho de otro modo, ¿es el utilizado actualmente por nuestro Gobierno a través del órgano encargado de llevar adelante tales mediciones como es el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)?

El método de Líneas de Pobreza e Indigencia que utiliza el INDEC, según informa dicho organismo en su página web, descansa en un enfoque monetario y reduccionista que se caracteriza por comparar los totales de ingreso declarados por los miembros del hogar con los ingresos requeridos para satisfacer las necesidades básicas de las personas.

Esto implica que no se identifican las carencias reales sino que se asume que los  hogares con ingresos inferiores a las líneas establecidas, se consideran como pobres o como pobres indigentes.

La línea de indigencia se establece a partir del valor monetario de la Canasta Básica Alimentaria, que representa a los productos requeridos para cubrir las necesidades energéticas y proteicas mínimas de cada miembro del hogar.

La línea de pobreza representa el valor monetario de una Canasta Básica Total (CBT), compuesta por  bienes y servicios fundamentales que se suman a los alimentos. Los hogares cuyos ingresos sean menores a la CBT se caracterizan en el estudio del INDEC como pobres.

Ahora bien, cabe mencionar que este método no es el sugerido y seguido actualmente por los organismos internacionales de derechos humanos a la hora de medir la línea de pobreza en las sociedades. Muy por el contrario, estos organismos sugieren un nuevo enfoque que se funda y asienta en el efectivo goce de los derechos fundamentales. La importancia del mismo radica en la necesidad de rediseñar la política de lucha contra la pobreza para imprimirle un alcance universal. Para romper la reproducción de la pobreza y la desigualdad son indispensables acciones que asuman que dichos flagelos son  multidimensionales y sus consecuencias multifacéticas.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) desde hace ya varios años viene orientando su trabajo sobre la pobreza desde un enfoque multidimensional y al igual que numerosos especialistas como Altimir consideran que la pobreza es situacional  y que se asocia a factores como el infraconsumo y la desnutrición, las precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles educacionales, las malas condiciones sanitarias, una inserción inestable en los estratos más primitivos del aparato productivo, actitudes de desaliento y anomia, poca participación en los mecanismos de integración social y quizás la adscripción a una escala particular de valores diferenciada del resto de la sociedad.

En este orden de ideas la CEPAL ha utilizado métodos más integrales y  completos que el meramente monetario para medir la pobreza. Así, desde un enfoque de derechos humanos, propone identificar a los pobres en base a aspectos no necesariamente reflejados en el ingreso de un hogar, sino más bien en las necesidades básicas insatisfechas, por ejemplo, el acceso a una vivienda que asegure un estándar mínimo de habitabilidad para el hogar, el acceso a servicios básicos que aseguren un nivel sanitario adecuado, el acceso a educación básica, y por último la capacidad económica para alcanzar niveles mínimos de consumo. Este último indicador, además de ser el único que utiliza el Indec, no se orienta a captar una necesidad básica, sino solamente la disponibilidad de recursos del hogar.

En términos de sugerencia, la CEPAL invita a los Estados a  considerar a los derechos humanos como las dimensiones relevantes para evaluar la pobreza. Y señala que la pobreza es la negación de la titularidad de derechos, es decir, la imposibilidad de una persona de acceder a algo que le corresponde por el sólo hecho de ser persona, es decir por su inherente dignidad.

Actualmente, existe un amplio consenso respecto a entender la pobreza como un fenómeno  multidimensional y se cuenta con desarrollos y avances metodológicos que apuntan a la medición de la accesibilidad de bienes y servicios, así como a los derechos ciudadanos, más allá de las capacidades de consumo individuales.

En este sentido ya hay países que han adoptado oficialmente un indicador multidimensional de la pobreza, entre ellos, México en 2010 y Colombia en 2011. Asimismo, la Unión Europea y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como entidades supranacionales, también han implementado recientemente indicadores para la medición multidimencional de la pobreza.

Finalmente, puede considerarse que, a la luz de los criterios internacionalmente establecidos para valorar los índices de pobreza, la metodología ofrecida y en consecuencia los datos obtenidos por el INDEC resultan, al menos, cuestionables en cuanto a su nivel de fidelidad con la realidad imperante. En un país donde un alto porcentaje de la población carece de servicios básicos de salud, vivienda y educación efectiva, el simple hecho de acceder a la canasta básica familiar, pareciera ser una visión parcial de un problema que exige estadísticas confiables, soluciones integrales, y respuestas urgentes. Es tarea de todos, tanto de los gobiernos nacional, provincial y municipal, como de la academia y el sector social, desarrollar indicadores multidimensionales que nos permiten hacernos cargo de los problemas de pobreza y exclusión en el país: este es el único camino por el que podremos comenzar a pensar soluciones más efectivas a mediano plazo para el principal problema de nuestro país, de nuestra gente.

 

 



[1] Abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, Coordinadora de proyectos especiales para el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos. Artículo publicado en Diario Uno de la Provincia de Mendoza, edición impresa del día 9 de junio de 2013.

 

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